Defensa del derecho al acceso a la cultura.

En un mundo de desinformación continua hay que preguntárselo todo. En 20minutos se ha publicado la noticia de la condena a un internauta francés por descargarse películas sin ánimo de lucro y para uso privado al pago de una multa de 10 euros por película y a dos meses de prisión que por mucho que esté exentos de cumplirlos, seguramente por no tener antecedentes penales, la condena a cárcel está ahí y salvo que esté muy equivocado este tipo de sentencias las reciben los considerados por la justicia delincuentes y su consecuencia es la privación de libertad.

Sin embargo, en la misma noticia se recuerda cuales fueron las novedades introducidas el la LPI francesa en su última reforma. En ella, a diferencia de lo que se hizo aquí, parece ser que se reguló explícitamente todo el tema de las descargas de Internet y el uso de programas P2P en los siguientes términos:

• 38 euros por descargar ficheros para uso privado.
• 150 euros para quienes pongan a disposición de otros esas obras mediante sistema de intercambio P2P.
• 750 euros a aquellos que tengan programas informáticos que permitan desactivar las protecciones de ficheros sometidos al pago de derechos de autor.
• 3.750 euros a los usuarios que rompan dichas protecciones.
• 30.000 euros a los internautas que comercien con programas capaces de destruir las protecciones anticopia.
• Tres años de cárcel y multas de 300.000 euros a los que comercien con programas P2P.

Mi pregunta es, ¿en dónde puede leerse que descargar películas sin ánimo de lucro conlleve una pena de cárcel en Francia?. Porque yo no lo veo por ningún lado. Es más, lo dice bien clarito en la primera línea, 38 euros de multa por descargar ficheros para uso privado, nada más. En este caso incluso sólo se le ha condenado a 10 euros.

Es decir, el ánimo de lucro sigue siendo necesario también en Francia para convertir a una persona en delincuente y poder abrir su ficha de antecedentes penales, según el diario 20minutos y según todas las fuentes que he podido encontrar. Entonces, ¿dónde está el error?. ¿El internauta sí tenía ánimo de lucro en realidad?. ¿El juez no conoce las leyes de su país?. ¿O es que simplemente se nos ha querido vender la noticia falsa de la condena a cárcel de un internauta por descargas privadas?. Si alguien tiene la respuesta o puede arrojar algo de luz se lo agradecería mucho.

Desde luego, si las noticias de Francia nos llegan así, ¿qué sucederá cuando nos vengan de Alemania?