Defensa del derecho al acceso a la cultura.

Es lo que hay, tras tener que cumplir la condena del Tribunal Europeo a España por no hacer de pago el préstamo de las bibliotecas. Se puede decir a primera vista entonces que el gobierno no sería responsable de esta medida, aunque tal y como dice pululante en su blog “ya estamos con la excusa de "lo manda Europa". ¿Y quién forma Europa sino nuestros gobiernos y nuestros políticos? Si existe tal ley en Europa es porque nuestros gobiernos y políticos la han aprobado. Ahora que no intenten engañarnos y escurrir el bulto diciendo que ha sido "un ente" extraño”. Pero bueno, por mi parte este “detalle” lo dejaré pasar.

Lo que no voy a dejar pasar es que se nos ponga una vez tras otra de idiotas al decirnos que este coste no va a salir de nuestros bolsillos al no repercutirse directamente al préstamo de los libros. Ahora va a resultar que el Gobierno y las Comunidades Autónomas son como cajas negras mágicas de las que mana el dinero por si solo y que nuestros impuestos nada tiene que ver con esto... Que pena, de verdad.

Por su parte, los de siempre, en este caso CEDRO, demuestran una vez más que de tontos no tienen un pelo. En este artículo, del diario El Pais, podemos ver que han declarado que ven más lógico el sistema francés en el que sí se gravan los préstamos directamente. De esta forma pasarían a ganar de 1.6 millones de euros a 5 millones. Eso sí, “no es cuestión de dinero”, declara Juan Mollá, su vicepresidente primero,“es calderilla[...]”. Pues mire usted señor Mollá, yo, desde esta humilde bitácora también voy a pedir dinero a los españoles. Les voy a pedir incluso la mitad de lo que va resultar su abobinable canon, tan solo 10 céntimos de euro. Total, es sólo un poco de calderilla, 10 céntimos por los 44 millones de habitantes que habitan este país dan en total casi 4 millones y medio de euros con los que apenas me da para invitar a un par de mariscadas a la familia...

Los que ven muy lógico meter la mano en las arcas de los habitantes de este país cada vez que tienen la oportunidad quizás también vean muy normal que más de 400 autores hayan firmado un manifiesto en contra de este canon, entre los que están Josefina Aldecoa, Miguel Delibes, Almudena Grandes, Elvira Lindo, Emilio Lledó, Juan Marsé, Luis Mateo Díez, Soledad Puértolas, Rosa Regás y José Saramago. Y digo quizás porque seguramente nunca se pronunciarán sobre este hecho, y si lo hacen será sacando a colación las declaraciones de uno o dos autores que sí hayan declarado a favor del canon a las bibliotecas y que muy seguro tendrán buenas relaciones con su asociación. Total, en el terreno de la música estamos hartos de ver a tres o cuatro artistuchos presentados como representativos de todo el resto.

También pueden ustedes seguir con la cantinela y las escusas de siempre de hacer esto por defender los intereses de los autores, para garantizar la creación. Seguro que si un día alguien saca prestado El Quijote de una biblioteca española su canon hace resucitar a Cervantes. Lo que hay que oír... La creación y la cultura, señores míos, está más que garantizada con canon y sin él. Lo que no tiene ningún sentido es tener una fuente de creación muy grande, que es lo que dicen ustedes que es lo que buscan, si después toda esa creación se les cierra a los ciudadanos cobrándoles por todo.

Por cierto, que los ciudadanos también tenemos derechos. Porque incluso el señor Teddy Bautista califica de solemne a la Declaración universal de los Derechos Humanos en el final del segundo párrafo del artículo enlazado. Pues léanse el artículo 27.1 de esa solemne declaración de derechos:

• Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Por supuesto, señor Bautista, que no es mezquino “defender el derecho de los autores a vivir dignamente del fruto de su trabajo”, pero sí lo es hacerlo a costa de los derechos de todos los demás.

Vía Mangas Verdes, he podido leer unas declaraciones (o mejor, unas payasadas) de un tipo que se hace llamar Pau Danés. En una entrevista concedida a los internautas en el diario El Mundo ha dicho literalmente que “las palabras piratería y descargas ilegales son incorrectas. Estamos hablando de robo. Yo, como cualquiera que tenga contacto con el negocio de la música, tenemos derecho a que se nos retribuya por nuestras ideas. Si mis discos te parecen caros, no te los compres, pero no me los robes. En www.jarabedepalo.com he escrito cuatro palabras al respecto. Bien diferente es grabarse una canción en una cinta que bajarse un disco de internet. Y, en todo caso, yo tenía cintas, pero también un montón de discos”.

A este tipo habría que recordarle que robar es un delito, mientras que bajarse una canción pues depende... ¿De qué depende?. De si lo haces con ánimo de lucro o no. Sin embargo, a una persona que ve suficientes diferencias entre usar una cinta de cassette para grabar un disco o bajárselo de Internet como para considerar que una cosa debería llevar a la cárcel a millones de personas y la otra no, le debe resultar muy complicado conseguir entender ciertos conceptos que son muy simples para el resto de la Humanidad, hecho éste que se demuestra al observar que no se da cuenta de que decir que entre él y los Beatles o U2 la única diferencia importante es que “ellos cantan en inglés y él en castellano” sólo puede desatar la risa del que le lee, pero la risa de la vergüenza ajena y de los más absolutos de los ridículos.

ACTUALIZACIÓN:

Hoy, en el diario El País, ha habido un nuevo encuentro digital con Pau Donés. Los usuarios de meneame se han hecho eco del asunto, así que muchos han aprovechado la oportunidad, como se puede ver en los comentarios, para intentar hacerle algunas preguntas relacionadas con las últimas declaraciones que hizo en el diario El Mundo en otro encuentro digital.

65 preguntas publicadas y contestadas por el tipo este. Ninguna relacionada con el tema. Sin embargo, el puede despacharse a gusto con el siguiente mensaje de despedida:

Sí señor, esto sí que es espíritu democrático en los medios de comunicación de este país... Digo yo que en 65 preguntas tenía sitio al menos una que representara a todos los que están absolutamente indignados por los insultos que este aspirante a cantante suelta cada vez que tiene la oportunidad. O al menos, si se van a censurar las preguntas que le puedan resultar incómodas, que no se le permita a él volver a vomitar sobre los ciudadanos que ejercen sus derechos como mejor pueden que, para él, son unos delincuentes.

Menos mal que de donde no hay poco se puede sacar y a este individuo, cada vez que habla, siempre se le puede sacar de sus palabras algo con lo que poder ponerlo en evidencia y dejar bien a las claras la poca categoría que tiene. En el anterior encuentro se atrevió a compararse con The Beatles y U2. En esta ocasión, ante la pregunta de un internauta: “ya cansa un poquito lo de que jarabe de palo suena a lo mismo,¿molesta saber que hay gente que critica vuestra(y nuestra)musica sin haberse escuchado los 6 discos(discazos)?” (ver pregunta 55), ha contestado lo siguiente:

Ahora resulta que no sólo no puedes ejercer tus derechos sino que no puedes tener tus propios gustos. Que cada uno saque sus propias conclusiones.

Por mi parte, demasiado tiempo perdido y demasiada publicidad gratis a un personaje que lo único que se merece es la más absoluta de las indiferencias.

Artículo 17 bis del anteproyecto de la LISI, la nueva Ley de “Impulso” de la Sociedad de la Información:

1. Los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la Información que realicen actividades de provisión de acceso a Internet y alojamiento de datos colaborarán con los titulares de derechos de propiedad intelectual o sus representantes frente a actividades vulneradoras de derechos de propiedad intelectual [...]
2. Estarán legitimadas para instar los procedimientos regulados en este artículo las entidades de gestión reconocidas por el Ministerio de Cultura respecto de los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión [...]
3. En el supuesto de que los contenidos presuntamente vulneradores de derechos de propiedad intelectual se encuentren alojados en una página de Internet albergada por parte de un prestador de servicios de alojamiento, las entidades y asociaciones legitimadas darán traslado de manera fehaciente [...] al prestador de servicios de intermediación que facilite el alojamiento de datos al presunto infractor [...]
4. Recibida una notificación que cumpla con los requisitos establecidos en el apartado anterior, el prestador de servicios procederá, tan pronto como le sea posible y, en todo caso, en un plazo máximo de cinco días laborables, a dar traslado de las notificación al cliente [...]
5. El cliente presuntamente infractor contará con un plazo de diez días naturales desde la recepción del traslado de la notificación al que se refiere el apartado anterior para oponerse al contenido de la notificación realizada por la asociación o entidad que la hubiera instado.
6. En caso de que el prestador de servicios no haya recibido una comunicación de oposición del cliente presuntamente infractor conforme al apartado anterior en el mencionado plazo de diez días naturales procederá, en el plazo máximo de dos días laborables, a bloquear o deshabilitar el acceso al material que, de acuerdo con la notificación efectuada, sea presuntamente ilícito.
7. En el supuesto de que las actividades presuntamente vulneradoras de derechos de propiedad intelectual tengan lugar mediante un programa de intercambio de ficheros, las entidades y asociaciones darán traslado de manera fehaciente [...] al prestador de servicios de intermediación que facilite el servicio de acceso a Internet al presunto infractor de una notificación [...]
8. El prestador de servicios de intermediación que haya recibido una comunicación que cumpla con los requisitos establecidos en el apartado anterior deberá dar traslado de la notificación al cliente presuntamente infractor [...]

Tras la noticia de ayer, si finalmente se confirma, el Partido Pirata no puede quedarse de brazos cruzados. Fue el pasado mes de enero cuando se constituyó oficialmente como partido político por el Ministerio de Interior. Todos los comienzos son difíciles, pero han pasado aproximadamente dos meses y medio desde entonces. Sus responsables deben comenzar a moverse.

No estoy hablando de salir en los medios a decir que han montado un partido político y exponer de manera básica cuales van a ser sus principios. Me estoy refiriendo a que comiencen a hacer lo que hacen los políticos: política. Deben dejarse de tanto hablar en su foro y en sus listas de correo y pasar a la acción. No se que es lo mejor que pueden hacer, son ellos los que deben pensarlo y decidirlo, aunque quizás un comienzo podría ser empezar a entablar contactos con la Asociación de Internautas para hablar de la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas en contra de estos abusos. Algo deben hacer, porque si no es así, la gente puede añadir a las razones que hasta ahora suelen exponer para no votarles una más, que es un partido que sólo tiene buenas intenciones pero poca iniciativa, que no sirve de nada apoyarles porque a la hora de la verdad poco hacen por defender sus ideas, y lo malo es que en ese caso llevarían razón.

Quizás me estoy equivocando y aun es demasiado pronto para que pedirles algo así. La tarea no es fácil y la más que segura falta de recursos lo hace más complicado aun, pero también es cierto que nadie dijo que esto fuera un camino de rosas. Si han decidido empezar la aventura de crear un partido político deben hacerlo con todas las consecuencias, y si no es así están condenados al fracaso. Si quieren que algún día se les abran las puertas del Congreso hace falta algo más que una página web y un par de apariciones en los periódicos. Deben hacerse ver a la gente llevando a cabo iniciativas que pongan a las claras el compromiso que tienen en la defensa de nuestros derechos, y, por supuesto, mejorar la comunicación con los ciudadanos, porque es muy triste ver que todavía hay gente que piensa que el único objetivo de este partido es eliminar el canon.

Espero, por el bien de todos, que consigan encontrar el camino para abrirse hueco.

Todos los mejores deseos desde aquí para ellos.

Vía meneame, descubro lo que el actual ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró en el año 2002 sobre la LSSI cuando estaba en la oposición.

El artículo enlazado por meneame es este del diario El País. En el mismo y en nombre de su partido, critica la ley impulsada por su rival político, al que acusa de querer no sólo regular las actividades comerciales de Internet, sino también los contenidos y "controlar el flujo de información en la Red". Por otro lado, también afirmaba que la ley introducía el "ambiguo" concepto de "autoridad competente" a la que se pretendía conferir la potestad de poder clausurar páginas webs. Rubalcaba declaraba por aquel entonces que "esta tarea, según la Constitución, corresponde a un juez".

Pues bien, una vez más los políticos demuestran tener muy poca memoria o que nos toman por idiotas. Es cierto que el partido político del señor Rubalcaba pretende en la actualidad eliminar la ambigüedad del concepto autoridad competente sustituyéndolo por el claro y meridiano de entidades de gestión. Para que andarnos con rodeos, ¿verdad, señor Rubalcaba?. Si nos vamos a pasar por el forro ese texto humorístico llamado Constitución, ya que cualquier parecido entre la SGAE y y compañía con un juez es fruto de una alucinación, hagámoslo a lo grande y sin disimular, aunque suponga además contradecir absolutamente lo que declaré en su día...

Esto no es nada nuevo, todos lo sabemos. Pero no por ello deja de provocar repugnancia.

La Asociación de Internautas ha publicado en su página web que el polémico artículo 17bis del anteproyecto de la LISI, que otorgaba a las entidades de gestión, entre otras cosas, el poder de clausurar páginas webs, ha sido retirado. Según vayan conociéndose las novedades, la Asociación de Internautas seguirá informando.

Si finalmente se confirma esta noticia no debemos caer en la euforia. El gobierno ha descubierto sus cartas y si no consiguen satisfacer los deseos de la SGAE y demás de esta forma, lo harán de otra. No debemos dudar de ello porque la intención de los que nos gobiernan ha quedado bien a las claras.

Yo me pregunto cuanto tendrá que ver el intento de colarnos este artículo con el hecho de que no se haya llegado todavía a ningún acuerdo entre los ministerios de industria y cultura para establecer la cuantía y los aparatos y soportes que serán gravados con el canon digital. Era el pasado 27 de marzo cuando la LPI establecía el plazo final, pero el gobierno ha incumplido la ley y ha establecido un nuevo plazo para intentar llegar a un acuerdo. Esto debe de estar poniendo muy nerviosos a los responsables de las entidades de gestión que deben estar presionando y mucho para que les sean satisfechas sus peticiones. Me da la impresión que el gobierno, ahora, no ve muy claro el tema del calificado como ultra-canon, una vez que ni los propios ministerios se ponen de acuerdo, y mucho me temo que las intenciones marcadas en última reforma de la LPI no se van a llevar a la práctica tal y como deseaban las entidades de gestión.

Las consecuencias de esto, espero estar muy equivocado, pueden ser una reforma de la LISI muy inclinada a favor de las entidades de gestión y otro tanto de lo mismo para la LPI, cuya necesaria reforma si el canon digital no se lleva a la práctica se centrará en reducir nuestros derechos a la mínima expresión.

Repito, espero estar muy equivocado.

Según se puede leer en la web de la Asociación de Internautas, “el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información...”. Entre las novedades de esta ley se encuentra el siguiente “regalo”:

Me llama la atención la distinción que se hace cuando se habla en el primer párrafo por tres veces de órgano competente y en el segundo de órgano jurisdiccional competente. O bien ha habido una triple omisión de la palabra ‘jurisdiccional’ en ese primer párrafo, cosa muy poco probable, o bien se están refiriendo a dos cosas distintas. Así pues, todo parece indicar que finalmente sólo un juez podrá ordenar el cierre de una página web, en defensa de los derechos de libertad de expresión e información. Pero, ¿qué ocurre en el resto de casos?. Pues que entonces será aquello a lo que quieran referirse con órgano competente a lo que darán la potestad de adoptar “medidas de restricción respecto de servicios provenientes de países del Espacio Económico Europeo”. Y no todo en Internet son páginas webs, todos lo sabemos.

No podemos saber con certeza a qué se refieren con órgano competente pero sí sabemos que todo indica, tal y como he dicho anteriormente, que no será un juez. Yo, por si acaso recuerdo que en la Constitución hay otros derechos aparte del de libertad de expresión e información.

Artículo 18.3 de nuestra Carta Magna:

Sí, los ciudadanos tenemos derecho a la intimidad. Sí, también es un juez el único que tiene potestad para decidir si se interceptan nuestras comunicaciones. Cuidado entonces con qué se están refiriendo cuando hablan de órgano competente, señores políticos, y cuidado también con qué es lo que buscan con dar el poder a esos órganos competentes para solicitar a un “prestador de servicios de intermediación” el “interrumpir o bloquear un servicio”.

La lucha no ha acabado, hay que seguir peleando.

El Partido Pirata ha hecho público un comunicado, a través de su blog, en el que expresa su posicionamiento respecto al tema que esta ocupando a una buena parte de los internautas de este país durante estos días.

Como no podía ser de otra forma, PIRATA está en contra de este anteproyecto de la mal llamada LISI (Ley de Impulso de la Sociedad de la Información) al no ceñirse a lo que nuestra Constitución dicta en su artículo 20.5. Añaden que “PIRATA no aceptará ninguna iniciativa legislativa que viole las garantías procesales de los ciudadanos ni que viole otros derechos fundamentales...”, motivo por el cual trabajarán “durante los próximos días para elaborar un suplicatorio que presentar ante el Defensor del Pueblo, en el que le solicitaremos que presente ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad...”.

Además, se ofrecen “a colaborar en aquellas movilizaciones de protesta que, por cauces democráticos y respetando la legalidad vigente, contribuyan tanto a informar de lo que está sucediendo como a dejar bien claro a los miembros de Gobierno y Cortes que jamás serán aceptables tamaños atentados contra nuestros derechos fundamentales”.

Aplaudo desde aquí la decisión de llevar a cabo estas acciones para defender nuestros derechos, algo a tener muy en cuenta al ser el único partido político que se ha posicionado a favor de los ciudadanos en este asunto y en contra del atropello que supone esta nueva ley que están preparando desde el gobierno a la medida de las entidades de gestión, con el silencio cómplice del resto de partidos.

Vía meneame, descubro que en Bilbao un juez ha sentenciado en contra de la demanda de un ciudadano que pedía la devolución del canon de un par de CDs. El artículo enlazado en meneame es éste de Libertad Digital.

Según este juez, no importa que el CD se destine a grabar actas judiciales, contradiciendo sentencias de compañeros suyos que sí le dieron más importancia; la clave está en la idoneidad del soporte para poder reproducir obras culturales.

Pero lo más preocupante de todo es que la noticia afirma que según el juez “cualquier comprador de un disco o película puede hacer legítimamente una copia para su uso privado y que los autores han renunciado, mediante un sistema de compensación que es la remuneración por copia privada o canon, a impedir técnicamente esa posibilidad. Por ello, dice el magistrado, existe el derecho de remuneración que asiste a todo autor respecto a los soportes "idóneos", con carácter general, tal y como dispone la ley”. Remarco en negrita que es la noticia la que lo dice, porque desde Libertad Digital citan a la agencia Europa Press que asegura haber tenido acceso a la sentencia, pero no se entrecomilla nada ni se ha publicado ninguna copia de la misma, así que a saber si realmente se dice eso en la sentencia o a saber como han interpretado en la agencia Europa Press lo escrito en ella.

A estas alturas cuando se afirman ciertas cosas yo ya dudo de todo.

Muy preocupante si se confirma que un juez ha hablado de la copia privada en los mismos términos que las entidades de gestión, la cuales, de manera interesada tergiversan la redacción de la ley para manipularla a favor de sus intereses, intentando reducir nuestro derecho a acceder a la cultura a través de la copia a simplemente poder asegurarnos a no perder la obra si se nos estropea el original.

Tras esto, no quiero decir nada sobre otras noticias recientes gravísimas, porque nunca me llegó a quedar claro que ese nexo entre la SGAE y los jueces quedara demostrado con esos documentos. Aun no término de creérmelo, ni quiero creérmelo...

En una entrevista en el diario 20minutos al grupo Los planetas, les preguntaron directamente que si se bajaban música de la Red. La contestación fue la siguiente:

El resto de la entrevista aquí.

Muy mala pinta tiene esta forma de actuar por parte de la agencia de noticias Europa Press (que no EFE, al menos en este caso) si es que no ha sido todo un lamentable error o consecuencia de un exceso de confianza en sus fuentes (¿quienes serán?). Javier de La cueva ha puesto en su web disponible para su descarga la susodicha sentencia. Ya no sólo es Europa Press la que puede tener acceso a la misma...

La fecha en la que se firma es “veinte de abril de 2006”, es decir, ni siquiera aun se había aprobado la última reforma de la LPI. Por esas fechas la definición de copia privada no incluía lo de que se tuviera que acceder legalmente a la obra. Sólo se exigía el uso privado del copista y el no uso lucrativo ni colectivo.

Ayer enlacé el artículo de Libertad Digital que hacía referencia a esta sentencia. Hoy enlazo al propio de la agencia Europa Press. En ella se puede leer que el juez, “para respaldar sus argumentos, recuerda que la ley española transpone la Directiva de la Unión Europea 2001/29[...]”. Difícilmente el juez puede decir eso cuando la ley española traspone dicha directiva a partir de su última reforma de julio de 2006, pero no antes. De hecho, como era de esperar, ahora que todo el que quiera puede acceder a la sentencia, descubrirá que, efectivamente, el juez no nombra para nada dicha directiva. ¿De verdad, señores de Europa Press, han tenido ustedes acceso a la sentencia?.

Ayer también expresé mi preocupación ante el siguiente párrafo de la noticia:

Al respecto dije que “a saber si realmente se dice eso en la sentencia o a saber como han interpretado en la agencia Europa Press lo escrito en ella” y que “a estas alturas cuando se afirman ciertas cosas yo ya dudo de todo”. Pues bien, en la sentencia el juez no habla en ningún momento de comprador, sino de adquirente. Si bien el verbo adquirir tiene como uno de sus significados comprar, también tiene otros como coger, lograr, conseguir o ganar. Es cierto, pues, que en este aspecto el juez no fue del todo claro y creo ambigüedad en esta parte de la sentencia. Sin embargo, son varias las veces a la que se refiere a la copia privada como aquella que se hace para uso privado del copista y sin ánimo de lucro y de uso colectivo, tal y como en la definición anterior a la última reforma de la LPI se expresaba, la cual no deja lugar a ninguna duda, al igual que la actual, respecto a que no es necesario comprar una obra para poder copiarla.

Por otro lado, lo que nunca dijo el juez fue que los autores hayan renunciado a impedir la copia técnicamente. Habla de la imposibilidad de poder impedirla o de falta de deseo de hacerlo, que no es exactamente lo mismo.

En fin, demasiadas imprecisiones con respecto a la verdad de la sentencia y todas inclinadas a favor de determinados intereses... Como para poder dar credibilidad a alguna otra noticia que provenga de esta agencia sobre este tema.

Los próximos meses pueden ser decisivos. Mientras que el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, afirma en un artículo que “las nuevas tecnologías, en especial las referidas a las telecomunicaciones son y serán el campo de batalla en el que ya se libra la lucha por los derechos civiles”, la SGAE y demás, muy conscientes de ello, pretenden cobrar canon por cualquier cosa a la vez que reducir la copia privada a poder hacer una copia de seguridad de un disco por si dentro de 70 años deja de funcionar.

Tal y como podemos ver en el diario El Mundo, “colectivos culturales piden reintroducir el artículo 17 bis en la nueva Ley de Internet”. Realmente es la misma noticia de la que me hacia eco ayer, pero dejando bien claro que los que pretenden cerrar la cultura en la Sociedad de la Información son los mismos que precisamente dicen defender lo contrario.

No hay que olvidar que el artículo 17 bis no sólo da potestad a entidades privadas a poder solicitar la clausura de páginas webs presuntamente vulneradoras, sino también a pedir el corte de la conexión a Internet a los usuarios que usen redes P2P para acceder a la cultura. Eso es lo que quieren estos tipos, cobrarte por algo sobre lo que quieren tener el poder de prohibírtelo llevar a cabo.

Intento que se me ocurra algún calificativo que pueda definir adecuadamente esta situación, no olvidemos, aceptada como normal por todos los partidos políticos de este país salvo uno, pero no lo encuentro. Es realmente increíble que este tipo de gente pueda tener el privilegio de presionar para llevar a cabo sobre los ciudadanos tal abuso y que aquí no pase nada.

Finalmente no creo que se introduzca tal artículo en la ley porque es absolutamente inconstitucional. Pero algún “regalito” se van a llevar estos colectivos “culturales” sin duda. Mientras tanto habrá que seguir luchando por nuestros derechos y nuestra dignidad.

Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie.

Leo en la Asociación de Internautas que el gobierno no ha abandonado la idea de dar a la SGAE poderes para saltarse a la torera todas las reglas del juego, eliminando el derecho a la libertad de expresión de los administradores de páginas webs y también el derecho a la intimidad de los particulares.

Hace unos días, en el diario El País , tuvo lugar un encuentro con los internautas y el presidente de la FAP, el señor Tourné. El mensaje sigue siendo el mismo, con algunas contradicciones, falsedades o exageraciones a la que ya estamos acostumbrados.

En la pregunta número dos un internauta le pregunta sobre las pérdidas reales que ocasiona la piratería y la intencionadamente mal llamada así. Tourné contestó que, según un estudio de la consultora GFK, “durante 2006 se realizaron 132 Millones de descargas de películas no autorizadas en nuestro pais. La industria legal vendió menos de 40 Millones de DVD's. Si por cada tres Descargas ilegales hubiera habido una adquisición legal, el mercado se hubiera multiplicado por dos. Está claro que es un grave perjuicio, más aún porque no permite el desarrollo del mercado legal [...]”

Cierto, si una de cada tres películas de esos 132 millones de descargas (¿como obentrán ese dato?) fuera comprada si no hubiera P2P, se comprarían 44 millones de películas más. Si las dividimos por los 5 millones de personas que aproximadamente usan las redes P2P en este país, son unas 9 películas por cada uno. Siendo generoso con el precio que suelen tener las películas, supongamos que cuestan de media 20€. Esto supone un coste anual adicional de 180€ a lo que ya supone de gasto el cine a las familias. Eso, en los días que corren, es inviable para muchas de ellas, más aun cuando esa cifra está calculada a la baja. Mal vamos si en la pregunta dos comienza la manipulación y el mal uso de las cifras. Además aquí no se trata de que el mercado se expanda al máximo para que puedan obtener el máximo beneficio, se trata de tener en cuenta los derechos de todo el mundo.

La pregunta número 6 está relacionada con el canon. La respuesta de Tourné fue que “el pago del canon, como ha recordado la Ministra de Cultura recientemente, no tiene nada que ver con la piratería. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo francés indica que la copia privada es un argumento para no condenar o sancionar a quien realiza una copia para su uso privado siempre que se ajuste a la llamada regla de los tres pasos (Que no implique un perjuicio, que no interfiera la normal explotación de la obra, que no tenga carácter colectivo ni lucrativo). No puede invocarse la copia privada como un derecho de los consumidores. Sólo son copias privadas las que se realizan con las condiciones descritas y a partir de una fuente legal”.

La sentencia francesa está comentada en este enlace.

Primero, ¿qué tiene que ver lo que diga un tribunal francés con lo que ocurra aquí en España?. Segundo, la regla de los tres pasos, que ya analicé hace tiempo, consiste en que no implique un perjuicio que sólo existirá en casos especiales, que no afecte a la normal explotación de las obras y que no tenga carácter colectivo ni lucrativo y que no perjudique el legítimo interés del autor. De nuevo se vuelve a tergiversar la verdad. De hecho, si la copia privada sólo se permite si no implica un perjuicio, ¿para qué entonces tenemos canon si este no tiene nada que ver con la piratería dado que su función no es compensar actividades ilícitas?. Por supuesto, lo de la fuente legal, no tiene nombre. Continuamente se cae en el intento de confusión que supone el simplemente cambiar la palabra acceso (que es lo que dice la LPI española que debe ser legal) con la palabra fuente o copia.

En la pregunta 11 se le recuerda el tema del aumento de los conciertos gracias a la “piratería”. Tourné responde que “el aumento de los conciertos nada tiene que ver con el aumento de la piratería. El músico sin la discográfica no atraería al gran público y la discográfica sin creadores no tendría nada que vender [...]”.

Si el aumento de los conciertos no tiene nada que ver con el mayor acceso a la cultura gracias a Internet entonces que el grupo Amparanoia, por poner un ejemplo, haya dado conciertos en países donde siquiera se habían vendidos sus discos debe ser el próximo tema a tratar por Iker Jiménez con urgencia. Sobre que el músico sin la discográfica no atraería al gran público es una de las mayores mentiras e injusticias que se pueden decir. El músico atrae al público por su obra, siempre que ésta consiga llegar al público, cosa que en ocasiones se ve claramente perjudicada precisamente por las discográficas que, en su afán de hacer negocio con algo que no es un producto, cierran las puertas a muchos artistas. Nadie mejor que los propios músicos para explicar el trato que se les da... En lo que sí que estoy de acuerdo con Tourné es que sin creadores las discográficas no tienen nada que hacer, así que cuidado con seguir vampirizándolos.

En la siguiente pregunta, en la número 12, resurge el tema del canon. Esta vez, un internauta quiere saber el motivo por el cual debe pagar el canon por grabar canciones compradas en Internet. Tourné admite que “lo que la industria audiovisual defiende es precisamente esto: la gestión directa de sus contenidos a través de DRM's (Medidas tecnológicas). En estos casos, el canon no debería existir”.

Pues señor Tourne, son esas medidas tecnológicas o DRM la principal lacra de las plataformas de pago directo, son el mayor impedimento para que puedan despegar. Dese una vuelta por cualquier foro de Internet que trate el tema y lo comprenderá enseguida.

Hasta ahora todo esto ha sido un aperitivo para la gran traca que tiene preparada este señor para las pregunta 16. Esta última literalmente fue: “¿ si yo instalo un programa de esos como el emule, me bajo una película, la grabo en un cd ( no la comparto con nadie) y la veo en mi casa sin lucrarme, es un delito?”. Para el señor Tourne “el hecho de verla, como dice el Tribunal Supremo, es lucrarse y por tanto, la grabación sin autorización, en perjuicio de tercero y con ánimo de lucro puede ser un delito (Siempre y cuando lo determine un Juez en cada caso particular”.

Festival del humor... Ver una película es lucrarse, así que si un amigo te presta una película, la grabas y la ves en la intimidad de tu casa, como le des demasiada voz y tu vecino policía lo escuche te puede detener y ponerte a disposición de un juez para enfrentarte a de 6 meses a 2 años de cárcel. Este tipo de declaraciones hace que videos como este dejen de resultar graciosos para empezar a crear el temor de que puedan convertirse en una realidad:

Pero aun hay más... En la última pregunta, la 24, responde que grabar una película de la televisión no es delito. ¿Pero no es ánimo de lucro el simple hecho de verla o cualquier ventaja o utilidad que de la copia?. ¿Para que se graba entonces una película en un DVD, para utilizarlo como espantapájaros o para poder ver la película más adelante?. ¿O es que ver una película sólo es lucrarse si te la has bajado de Internet y no si te la grabas de un amigo o de la TV?... Lo dicho, de traca .

En la pregunta 17, se le pregunta, valga la redundancia, sobre el artículo 17bis de la LISI y el poder de censura que otorga a la SGAE. Tourné, como era de esperar, lo defiende argumentando que “el discutido artículo 17 bis introducía un procedimiento esencial para proteger los derechos de los titulares mediante un procedimiento de notificación y retirada que sólo se podía iniciar previo conocimiento de un juez y sólo contra páginas que comercialmente ofrecieran contenidos piratas. Hay muy pocas de estas páginas alojadas en nuestro país y ninguna en los principales servidores que son empresas serias”.

Claro, el procedimiento se inicia previo conocimiento del juez y previamente a la decisión del mismo. ¿Qué ocurre si se inicia este esperpento contra una web y al cabo de los años el juez sentencia que era perfectamente legal?. Pues que nos la hemos cargado por la cara... Queda demostrado el respeto que estos señores tienen a lo que nuestra Constitución dice sobre la libertad de expresión y lo que significa el concepto de poder judicial en nuestra democracia. Como para haberle recordado que esa misma Constitución y misma esa realidad democrática otorga a los ciudadanos también, entre otros, el derecho a acceder a la cultura. Seguro que hubiera contestado con un ‘no me vengas con rollos’...

En la pregunta 19 responde que el precio de las entradas del cine ha crecido lo mismo que el IPC en algunos cines y nada en otros... . Ya lo he calculado muchas veces en este blog y cualquiera puede hacerlo a partir de los números que da el propio Ministerio de Cultura. El ritmo de crecimiento medio del precio de la entrada ronda el 5% anual desde el año 2000. En el año 2005, el IPC fue de un 3.8%, el más alto desde el 2002.

La última pregunta que voy a comentar es la número 24, aquella que denuncia el hecho del elevado precio de los discos y que recibió como respuesta que “la música o las películas no son un bien de primera necesidad. Lo compra quien quiere [...]”.

Pues no señor, se equivoca de principio a fin. La música y el cine son un derecho poder disfrutarlos, a pesar de que en el día a día lo compra quien puede hacerlo.

Como se puede ver, las declaraciones de este tipo de señores no resisten el menor de los razonamientos, por lo que no deberían tener la más mínima credibilidad. Sin embargo, son los que suelen tener el privilegio de poder difundir sus palabras sin que nadie tenga la oportunidad de poder rebatírselas.

Salvo en modestísimos blogs como este, claro .

“ES verdad que la piratería causa estragos económicos, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Es verdad que se venden menos discos, menos películas, menos libros, menos juegos... a la vez que sus descargas (ilegales) se multiplican por millones en la Red. Y es verdad que hay que hacer algo, y pronto, para terminar con esta auténtica lacra de la era digital...”.

Así es como empieza esta autentíca “maravilla” periodística del diario ABC. Pero no se queda ahí, sino que para el “artista” que ha escrito el artículo eso de bajarse, por ejemplo, los éxitos del ‘Fary’ es nada menos que un “cibercrimen” cuya “única solución lógica” es coger a la Justicia y “modernizar sus métodos, sus procedimientos, sus recursos y, especialmente, los medios de que actualmente dispone” para combatirlo.

Para este individuo lo de buscar otros métodos alternativos de remuneración para los creadores es mucho menos lógico y más complicado que convertir al país en un Estado ciberpolicial, criminalizando de paso a los alrededor de 5 millones de personas de este país que ejercen con libertad sus derechos. Sí, sus derechos como el del acceso a la cultura, porque el derecho de autor, o el muy mal llamado así, no es el único que existe.

Por supuesto, el periolisto encargado de escribir algo que van a leer miles de personas quizás debería informarse antes de lo que va a escribir. Porque si no puede terminar diciendo que se venden cada vez menos juegos cuando en realidad su venta ha crecido en el último año un 12%. Salvo que este tipo haya querido referirse al Monopoly, a tableros de ajedrez y demás juegos de mesa, a partir de ese momento pierde toda credibilidad.

Es más, también habla, como no, de la reducción de ventas de libros, música y películas. Digo yo que el que el los videojuegos hayan alcanzado una cuota del 40% del mercado del ocio (cultura = ocio cuando interesa), con una facturación de 967 millones de euros influirá en que los ciudadanos tengan menos dinero para gastarlo en otras cosas. Por cierto, si el 40% del mercado del “ocio“es esa cantidad de dinero, el total es de cerca de 2500 millones de euros. Para que los que aun piensan en las antiguas pesetas no pierdan la referencia de lo que estamos hablando, son aproximadamente 400000 millones de ellas. ¿Aun quieren más?.

Menos mal que en el Parlamento Europeo no se dejan llevar, de momento, demasiado por las tonterías que a veces se escriben o se dicen en público por personajes que defienden intereses muy concretos de la mejor forma que pueden, es decir, manipulando la realidad porque no tienen otro argumento. Tampoco al gobierno termina de convencerle las maneras de las entidades de gestión que, acostumbradas a que nuestros “representantes” políticos les hagan reverencias allí por donde van, cuando no lo hacen dan un golpe en la mesa y se marchan sin mejor argumento.

Mientras tanto, los ciudadanos tendremos que seguir spoportando esta lacra periodística desinformativa y manipuladora a falta de no poder hacer nada para no tener que volver a encontrarnos con artículos (otro más) totalmente desafortunados como éste.

Ya se que en Internet lo que menos se descargan son libros. Quizás por su mayor dificultad para pasarlos a formato digital su presencia en la red es mucho menos habitual que la música o el cine, a pesar de que haberlos los hay. En alguna ocasión he llegado a oír hablar de la existencia de archivos-biblioteca conteniendo varios miles de publicaciones y, por supuesto, de cómo la venta se reduce por culpa de esta “criminal” actividad (ni más ni menos que ayer mismo).

En la página 55 de dicho documento se encuentra una tabla con la facturación total en millones de euros. De ella se desprende que el año con mayor ingreso de la historia, como no podía ser de otra manera, fue el 2005 con 2.933,23 millones de euros. El número de ejemplares vendidos fueron algo más de 230 millones y medio.

En la siguiente tabla se resume la evolución del mercado durante el periodo indicado con la recaudación en millones de euros y el crecimiento en %:

Cierto es que el crecimiento del 2005 es el menor de los últimos años, pero cierto es también que en 2003, con Internet en auge, fue del 4,41% y en 2004 del 3,19%. Luego eso de que ahora se vendan menos libros por culpa de Internet es lo mismo que decir que se venden menos juegos... es simplemente mentira.

Es la interpretación que saco de esta noticia del 20minutos en la que se publican los datos de una encuesta del CIS.

Los resultados son aplastantes. El 51.6% de los encuestados aprueba la descarga, el intercambio de ficheros electrónicos de software, textos, música y vídeos por Internet, mientras que sólo el 17.6% la rechaza, casi tres veces menos.

Por otro lado, el 29.4% de los encuestados entiende esa práctica como piratería. Haciendo la muy razonable suposición que de los que rechazan las descargas la mayoría optaron también por contestar que es piratería, la cantidad de gente confundida en los términos es muy reducida.

Si a esto añadimos que el 55.4% no conoce la ridícula campaña del Ministerio de Cultura contra la piratería y la intencionadamente mal llamada así, es que ni esta ni ninguna de las campañas de desinformación han surtido efecto en los ciudadanos, que son mucho menos tontos de lo que algunos se creen.

En cuanto al tema del top-manta y la venta ilegal, el 55.1% de los encuestados rechaza que se compren este tipo de copias y el 72.2% entiende que ese acto es piratería.

Como principal medida para erradicar esta práctica aconsejan la reducción de los precios en primer lugar con un 42% de los encuestados, seguido de la persecución de las mafias y de los vendedores de copias piratas.